“La exposición fue contundente, tema terminado”. Mientras se retiraban del recinto tras el informe de gestión de Manuel Adorni, los diputados de La Libertad Avanza se ilusionaban con la idea de retomar su agenda de reformas en el Congreso.
Durante los últimos dos meses el oficialismo envió al Senado y a la Cámara de Diputados varios proyectos de alto impacto, pero se encontró con grandes dificultades para reunir consensos y avanzar con el trámite legislativo. En parte fue por el rechazo de los bloques aliados a algunos puntos de los proyectos pero también porque la conversación pública giraba casi exclusivamente en torno a las denuncias contra el jefe de Gabinete. El miedo de que una sesión se terminara convirtiendo en un pedido de interpelación estaba latente y el oficialismo eligió esperar a que el funcionario primero diera las explicaciones correspondientes.
Ahora los libertarios aseguran que el tema deberá seguir su trámite exclusivamente en la Justicia y esperan poder dar vuelta la página: entre sus prioridades se destaca la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La reforma política, que también incluye cambios en el financiamiento de las campañas y en el régimen de reconocimiento de los partidos políticos, debe ser aprobada este año, ya que encontrará cada vez más dificultades para sumar apoyo a medida que se acerque el calendario electoral. “La mayoría de los gobernadores van a buscar diferenciarse del oficialismo para el momento de las elecciones”, reconocen en las filas de LLA.
Las declaraciones de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) en contra de la eliminación de las PASO fueron un balde de agua fría para la Casa Rosada. Los gobernadores aliados se sumaron al rechazo del PRO y la UCR, que necesitan de esta herramienta para definir candidaturas y conformar alianzas electorales. Al Gobierno le espera una larga negociación si pretende convencer a los principales afectados por la reforma política.
Además, la maniobra de incluir Ficha Limpia en el paquete aumentó el malestar entre los bloques aliados. Tanto el PRO, como la Coalición Cívica, la UCR y Provincias Unidas respaldan la iniciativa, pero exigieron que se trate por separado, para que no quede mezclada con el resto del proyecto, que no reúne consenso.
Entre los proyectos que ya están listos para ir al recinto se destaca la Ley Hojarasca, una iniciativa que tiene como objetivo eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales. El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger es el más avanzado porque obtuvo dictamen de comisión hace casi dos semanas pero el oficialismo no se animó a convocar a sesión.
Por otro lado, en el Senado el oficialismo evalúa algunos pedidos de la oposición para llegar a un texto de consenso del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Esta iniciativa incluye un procedimiento sumarísimo para recuperar inmuebles usurpados, elimina la restricción general para la titularidad extranjera de tierras rurales, limita la discrecionalidad del Estado para las expropiaciones con nuevos criterios para determinar las indemnizaciones y flexibiliza la ley de manejo del fuego.
Es el proyecto con más chances de avanzar ya que la reforma electoral y la nueva ley de discapacidad están lejos de tener los votos necesarios. Este último proyecto es el más polémico ya que propone un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Además, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones.
Por lo pronto, aún no hay reuniones de comisión importantes convocadas para la semana que viene y tampoco se avizora ningún pedido de sesión en el corto plazo. Los libertarios seguramente se tomarán una semana para retomar el diálogo con los aliados y esperar a que la Justicia no le dé a la oposición ninguna excusa -como un eventual procesamiento- para volver a la carga con la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
