
El Ministerio Público Fiscal federal (MPF) formalizó la ampliación de la imputación del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala quien permanece detenido desde hace casi un año en la U6 de Rawson, acusado de asociación ilícita agravada.
El mapuche está bajo el régimen de prisión preventiva en el marco de una investigación compleja, por lo que podría permanecer otro año tras las rejas, hasta 2027.
La Fiscalía Federal de Bariloche aseguró que Jones Huala lidera la RAM desde noviembre de 2011, estructura desde la que habría realizado “diversos eventos de sabotaje y agresión”.
Fernando Arrigo, titular de la sede descentralizada de la ciudad cordillerana, aseguró que el mapuche integra esa organización desde, al menos, el 16 de noviembre de 2011 hasta la actualidad junto a otras personas que no fueron identificadas.
Denunció que su objetivo es la imposición de ideas por la fuerza para aterrorizar a la población e incluso sostuvo que las acciones de amedrentamiento ocurrieron no sólo contra ciudadanos y vecinos en general, sino también contra integrantes de otras comunidades mapuches que no comulgan con su ideología.

En la audiencia ante el juez de Garantías Gustavo Zapata, afirmó que la RAM tiene antecedentes vandálicos en Neuquén, Río Negro y Chubut y la ampliación de la formulación tiene relación a que “el tiempo de actuación en el territorio fue más extenso que el señalado en la primera audiencia de formalización de la investigación”.
Jones Huala permanece hace dos semanas en huelga de hambre, intentando que la Justicia autorice su derivación a una unidad penitenciaria de Esquel, para permanecer más cerca de su familia que reside en Bariloche.
Su madre, Isabel Huala, denunció esta semana que la salud de su hijo “se deteriora con el paso de los días” y solicitó a la Justicia que “atienda el reclamo, que es sensato, sincero y tiene una justificación clara”.
En el marco de la audiencia por la ampliación de la imputación, la fiscalía consideró que, para sumar integrantes a la organización criminal, Jones Huala habría realizado “distintos tipos de reivindicaciones de hechos de sabotaje incendiario”, con la intención de que sus actos fueran emulados por otras personas.
La ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció en junio de 2025 que Jones Huala había sido detenido en El Bolsón. El juez Federal Ezequiel Andreani no supo del procedimiento hasta el posteo de la ex funcionaria, debido a que hasta ese momento no existía orden judicial para detenerlo.

Sin embargo, ante esa situación, apuró una orden para autorizar la detención, forzado también por el Ministerio Público Fiscal. El argumento de la detención fue la exposición del mapuche durante la presentación de su libro “Entre Rejas Antipoesía Incendiaria” en una biblioteca de Bariloche, en la que —para el Ministerio Público— “se habrían llevado adelante una serie de conductas compatibles con la apología del delito, prevista en el artículo 213 del Código Penal”.
Además, el MPF le atribuyó a Jones Huala haber formado parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos que ponen en peligro la vigencia de la Constitución Nacional y que tendría una organización tipo militar, conducta que encuadraría en las previsiones del artículo 210 bis del Código Penal. “La organización operaría en Río Negro, Neuquén y Chubut, y a su vez, tendría conexiones con la CAM (Coordinadora Arauco Malleco), una organización de similar estructura en la República de Chile”, denunció Arrigo, en coincidencia con la acusación de la fiscal Angela Pagano Mata en audiencias anteriores.
La fiscalía resaltó que “las conductas atribuidas a la RAM se habrían dado en horas nocturnas y de descanso, lo que habría generado en la ciudadanía el ‘abandono precipitado’ de sus viviendas ante las explosiones (con la posterior propagación del fuego) promovidas desde la organización”.

Durante la audiencia, el MPF hizo hincapié en que “se reunió prueba suficiente para considerar que el accionar violento desarrollado por la RAM también era dirigido contra integrantes de la comunidad mapuche que no concordaban con su metodología de actuación”.
A principios de junio el mismo magistrado presidirá la audiencia en la que el Ministerio Público solicitará prorrogar la preventiva del detenido, mientras que su defensa solicitará que le otorguen el beneficio de prisión domiciliaria o en su defecto que sea trasladado a la cárcel de Esquel.


