El Partido Justicialista rechazó la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dictada este viernes por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y denunció que la medida constituye una “arbitraria y antidemocrática decisión”.
En un comunicado difundido a través de su cuenta de X, el PJ —cuya presidenta es Cristina Fernández de Kirchner— sostuvo que “sin autonomía sindical, con persecución y proscripciones, no hay democracia”. La fuerza política remarcó que esta resolución “constituye una nueva y grave violación a la autonomía y la democracia sindical en nuestro país, y se inscribe en un contexto de avance regresivo sobre los derechos de los trabajadores”.
El PJ enfatizó que esta intervención “no ocurre por casualidad”, sino que se produce en el marco de “un proceso de desindustrialización que tiene como consecuencia el cierre de 25.000 empresas y la caída del salario, agravado además por la sanción de una reforma laboral flexibilizadora que restringe el derecho de huelga y persigue a las organizaciones sindicales”.
El comunicado también subrayó que la decisión judicial se dictó “el día siguiente a que la Corte Internacional de Justicia ratificara que el derecho de huelga se encuentra protegido por el Convenio N.º 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación”. Según el PJ, mientras a nivel internacional se reafirman garantías para los trabajadores, “Argentina avanza en sentido contrario, desmantelando las conquistas constitucionales que costaron décadas de lucha”.
Por último, el PJ advirtió que “la persecución y proscripción de dirigentes políticos y sindicales no son hechos aislados: son síntomas inequívocos de un país cuya democracia se encuentra seriamente amenazada por un gobierno de carácter autoritario y un poder judicial que actúa como su cómplice”. Frente a este escenario, el partido ratificó su “compromiso irrenunciable con la libertad sindical, la democracia y los derechos de las trabajadoras y trabajadores”.
Fallo judicial y fundamentos de la intervención de la UOM
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo —integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González— anuló las elecciones sindicales de la UOM en la seccional Campana, celebradas del 2 al 4 de marzo, así como la elección nacional del 18 de marzo, y dispuso la intervención judicial del gremio.
El fallo señaló que hubieron graves irregularidades: extensión innecesaria y sin controles de los comicios durante tres días, urnas bajo custodia exclusiva de la Junta Electoral sin la intervención de fiscales de todas las listas y ausencia de escrutinios públicos diarios, en contra de lo que establecen el estatuto y los decretos que rigen al sindicato.
La sentencia indicó además que la Lista Naranja, liderada por Ángel Derosso, presentó una impugnación reclamando garantías de transparencia y una sola jornada electoral. Sin embargo, la Junta Electoral —alineada con Abel Furlán— rechazó estos pedidos sin notificar formalmente a los opositores, según determinaron los jueces.
Ante la denuncia de la oposición, las autoridades propusieron como alternativa que los apoderados de otras listas pernoctaran en la sede para custodiar las urnas. El tribunal calificó esta opción como “inaceptable e irrazonable”.
Como consecuencia del fallo, todos los funcionarios electos en los procesos anulados —incluido Furlán como secretario general nacional— cesan en sus cargos. La nulidad de la elección local impactó también la validez de la nacional, dejando a la UOM acéfala y bajo la administración del interventor Dr. Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días.
No obstante la medida judicial, los dirigentes suspendidos avanzaron igual con el congreso y proclamación de Furlán, con respaldo mayoritario de las seccionales. Un allegado al dirigente manifestó a Infobae: “No fuimos notificados de nada” como justificación para concretar el proceso.
Repercusiones y contexto político-sindical
Tras conocerse el fallo, la CGT emitió una declaración, citada por Infobae, en la que expresó: “Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores”. La central obrera manifestó su rechazo a cualquier avance de la justicia sobre los derechos y la organización del movimiento obrero y resaltó que “la defensa de la democracia sindical no se negocia”.
