En el marco del proceso de mejoramiento que se lleva a cabo en el centro de esquí Chapelco en la localidad de San Martín de los Andes, las comunidades mapuches Vera y Curruhuinca plantearon objeciones a la ejecución de obras de infraestructura impulsadas por el gobierno de Neuquén. Ambos grupos participaron previamente en instancias del proceso oficial, expresando ahora reparos principalmente por el impacto ambiental de algunos trabajos previstos.
En la elaboración del pliego licitatorio, que desembocó en la adjudicación al grupo empresarial Vía Bariloche, una de las principales compañías de transporte y turismo de la región, la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez incluyó la consulta a estos actores. Posteriormente, el actual mandatario provincial, Rolando Figueroa, ratificó el acuerdo. Cada comunidad recibió un monto cercano a los $198 millones en concepto de canon, reconociendo su preexistencia en el territorio.
Sin embargo, surgieron diferencias recientes entre las comunidades y la empresa concesionaria Don Otto, perteneciente al grupo empresarial mencionado anteriormente, respecto a obras proyectadas de cara a la temporada invernal. Entre los puntos de conflicto está la construcción de un estacionamiento en la base del cerro y la pavimentación de la Ruta Provincial 19, que enlaza con la Ruta Nacional 40 y constituye el principal acceso al centro de esquí.
Desde el gobierno provincial señalaron que la obra vial es “clave para optimizar la circulación, reducir riesgos y acompañar el crecimiento turístico” del destino. Las comunidades, en cambio, sostienen que los trabajos comenzaron sin la debida consulta y manifestaron preocupación por los posibles efectos ambientales.
La lonko del lof Curruhuinca, Virginia Colipán, informó que encargaron un estudio de impacto ambiental. A la vez, la empresa concesionaria solicitó un informe similar a otra consultora especializada en gestión ambiental. Ante este escenario, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, dispuso la suspensión temporal de los movimientos de suelo hasta que se concluyan y analicen ambos informes.
Desde las comunidades también advirtieron sobre posibles afectaciones en la calidad del agua utilizada por unas 300 familias, quienes reportaron episodios de turbidez tras el inicio de las obras y la presunta detección de una bacteria por parte del personal del hospital Ramón Carrillo. De acuerdo con referentes comunitarios, la presencia bacteriana podría estar vinculada al movimiento de suelos y alteraciones hidrológicas provocadas por la obra.
Además, solicitaron la conformación de una mesa ambiental para evaluar el impacto de las obras y definir los pasos a seguir.
Desde la concesión obtenida por la familia Trappa, la empresa inició el proceso de renovación de medios de elevación e infraestructura en el centro invernal, que es el tercero en la Patagonia, junto al Catedral de Bariloche y La Hoya en Esquel. Sin embargo, este plan ha enfrentado retrasos y controversias a raíz de las objeciones y demandas de intervención por parte de las comunidades mapuche asentadas en la región.
Advierten sobre conflictos territoriales mapuches sin resolver en la Patagonia y el surgimiento de nuevas disputas
La mayoría de los conflictos territoriales con comunidades mapuches en la Patagonia se mantienen activos e incluso denuncian el surgimiento de nuevos episodios, a partir del “oportunismo” de quienes, bajo el argumento de falsas reivindicaciones territoriales ancestrales, se apropian de valiosas propiedades.
La Asociación Civil Consenso Patagonia advierte que en los últimos años no sólo no se resolvieron los conflictos que estaban activos, sino que además surgieron nuevos casos y los que estaban siguen convulsionados.
El director ejecutivo de la entidad, Juan Trebino, aseguró que en la provincia de Neuquén existen varias causas judiciales con sentencia firme de desalojo pero el gobierno ignora las mandas judiciales. En Villa la Angostura, varios magistrados comprobaron la permanencia ilegal de mapuches en distintos territorios y ordenaron la restitución a sus propietarios, tanto privados como estatales, aunque el gobierno de Rolando Figueroa ignora los fallos judiciales.
“Siempre hay una excusa para no aportar personal policial, pero en realidad hay una decisión política de no pagar el costo y evitar involucrarse en esos conflictos”, advirtió Trebino.
