El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, volvió a defender la Ley de financiamiento universitario y cuestionó al Gobierno por no aplicarla a pesar de los fallos judiciales. Además, adelantó que volverán a convocar una marcha federal si no realizan los desembolsos que planteó la Justicia.
En diálogo con Romina Manguel en A Confesión de Parte por Radio Splendid, Yacobitti declaró: “Nosotros vamos a iniciar todas las acciones legales que están a nuestro alcance si el gobierno no cumple la ley. Contra todos los funcionarios que sean responsables. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a convocar a la sociedad a que, si el gobierno efectivamente no cumple el fallo de la ley y no paga la ley de financiamiento universitario, volvamos a salir a todas las plazas, a todas las calles de la Argentina”.
La posibilidad de una nueva marcha federal, similar a la realizada el año pasado, quedó instalada como respuesta inmediata ante la inacción oficial. Yacobitti señaló que el límite para la protesta será a mediados de mayo y remarcó que las acciones “se realizarán con las universidades funcionando”. Explicó: “Cada día que Milei ve una universidad cerrada por paro, no se preocupa. Por eso, las medidas serán con las aulas abiertas”.
Durante la entrevista, Yacobitti criticó la política educativa del Gobierno de Milei y la vinculó con posturas autoritarias de otros países. Afirmó: “Lo que tenés es un objetivo de destruir un lugar que genera personas con capacidad crítica”. Argumentó que el modelo actual no contempla la importancia de la formación en pensamiento crítico ni tolera la diversidad de ideas y añadió que la Universidad de Buenos Aires es diferente porque enseña a pensar y permite la convivencia de profesores con diversas posiciones ideológicas.
Yacobitti defendió el desempeño de la universidad pública argentina en los rankings internacionales y resaltó la eficiencia en el uso de recursos: “Gastás mucho menos por alumno que en universidades comparables como la UNAM de México y la Universidad de San Pablo; es cinco o diez veces menos”.
Señaló que la alta casa de estudios representa “la única herramienta que tiene la sociedad de transformación social” y, en los índices mundiales, deja bien posicionado al país. Sostuvo además que la universidad no solo enseña profesiones, sino que también fomenta el pensamiento crítico y la pluralidad.
La disputa por el financiamiento universitario ocurre en el contexto de una fuerte caída del poder adquisitivo docente. Yacobitti detalló que un profesor que da clases en el Carlos Pellegrini o el Nacional de Buenos Aires perdió el 60% de su valor adquisitivo desde la asunción de Milei, en parte debido a la eliminación del FONID. Además, enfatizó que por la misma tarea, un docente puede cobrar un 32% más en la Ciudad o la Provincia de Buenos Aires que en el ámbito nacional.
El deterioro salarial ya tuvo impacto en el cuerpo docente e investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, según precisó Yacobitti: “En los últimos dos años y algunos meses se fueron 100 personas, entre profesores e investigadores”.
En las próximas horas, se esperan avances en la definición de la ley de financiamiento universitario. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo, encabezado por Milei, argumenta que no dispone de los fondos necesarios para cumplir con la normativa. Según fuentes oficiales, el costo estimado asciende a 2,5 billones de pesos, una cifra que consideran imposible de afrontar en el corto plazo. La situación se agravó luego de que el Congreso sancionara la ley y rechazara un veto presidencial. Tras perder en primera y segunda instancia, el Gobierno ahora presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la Casa Rosada ya prevén que podría “volver el déficit” si se ven obligados a pagar y buscan fórmulas para escalonar el desembolso. Desde una fuente oficial reconocieron: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan”.
En ese marco, Yacobitti advirtió que el desfinanciamiento no solo afecta a estudiantes y docentes, sino al conjunto de la sociedad. Mencionó que la falta de recursos pone en riesgo la formación de médicos, la capacidad de respuesta ante nuevas pandemias y la atención veterinaria, entre otros servicios vitales. Ejemplificó: “Si vos tenés un problema y tenés un accidente, no tenés un médico que te salve la vida. Si tenés otra pandemia como el COVID, no hay investigadores que detecten rápido vacunas o métodos de detección temprana”.
Subrayó el impacto de la universidad pública en todo el país y la demanda creciente de programas de acceso y extensión como UBA XXI (ciclo introductorio universitario a distancia de la UBA dirigido a estudiantes secundarios de todo el país) y UBA en Acción (programa de actividades de voluntariado y promoción social en diversos territorios). Señaló: “Todo lo que armás, la gente lo utiliza porque el trabajo se está reconvirtiendo”, en referencia a la oferta de talleres y carreras de oficios.
Además, insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo. Propuso que el Ejecutivo debe sentarse a negociar alternativas para cumplir con la ley: “Voy a hacer lo imposible por generar alguna mesa de diálogo donde el Gobierno traiga una alternativa”.
Pidió acelerar una solución porque “cada día sin diálogo es un día perdido para encontrar una solución” y precisó que aún queda tiempo para evitar una nueva marcha federal, aunque el plazo es ajustado.
