Una cena en Olivos y una cadena nacional. En pocos días, Javier Milei terminó de exponer el lugar que ocupa en su agenda la tensión con el Congreso. Convocó a legisladores propios y los socios más firmes para encarar la defensa de sus vetos y el desafío de otra sucesión de leyes con sello opositor. La cita se produjo frente a nuevas señales adversas en la Cámara baja. Todo, con el eco de la andanada de derrotas que precipitó el mensaje presidencial, apuntado a exponer dureza por encima de señales de negociación. La reacción combina el intento de sostener el discurso de la polarización de campaña y la necesidad, básica, de garantizar un tercio de los votos de diputados para sostener las decisiones presidenciales.
El oficialismo, según dejaba trascender, descontaba nuevos disgustos legislativos. Diputados avanza con proyectos que Olivos rechaza de manera cerrada, entre ellos, dos iniciativas que son impulsadas por el conjunto de los gobernadores y que este miércoles darían un paso firme en comisiones. Después, en una o dos semanas, será el turno del debate en el recinto y se verá si para entonces se agrega la pulseada por los últimos vetos. Como agregado, el Senado vuelve a inquietar por los movimientos opositores y la quebrada relación con Victoria Villarruel.
Menos previsible para el Gobierno terminó siendo el impacto acotado del mensaje presidencial. El texto fue elaborado con dos ingredientes excluyentes: mostrar decisión efectiva en materia fiscal y colocar al Congreso como un todo opositor jugado a dinamitar la gestión de Milei. La cosecha fue módica, también por partida doble, es decir, por las medidas anunciadas y porque no produjo una respuesta política ruidosa.
De hecho, la exposición en cadena nacional buscó dar una señal -sobre todo hacia el frente económico- con el anuncio de una instrucción formal para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. Al margen del formato práctico de esa decisión, el propio Presidente se encargó de aclarar que no es nada estrictamente nuevo, porque eso mismo ya está impuesto como criterio oficial.
El otro anuncio recreó en realidad una idea que circuló con la primera propuesta de Ley Bases: penalizar a funcionarios y también legisladores que impulsen Presupuestos que contemplen déficit fiscal. En medios opositores señalan con ironía que el Gobierno lleva dos años manejándose sin ley de Presupuesto y ni siquiera consideran serio el proyecto, por razones de fondo sobre las potestades legislativas y por cuestiones prácticas.
Eso último no refiere únicamente al cuadro de reveses que acumula LLA en el Congreso, sino también a la falta de iniciativa para impulsar iniciativas propias y negociar para que avancen. El ejemplo más notorio sería el proyecto para sostener lo que se llamó “plan dólares del colchón”. En rigor, un par de textos para modificar leyes tributarias que hasta ahora el oficialismo no intentó mover, a pesar de que se trata de dos comisiones en manos libertarias o de aliados (Presupuesto y Hacienda, y Legislación Penal).
Como sea, no hubo fuertes cruces desde la oposición ni en relación con los referidos anuncios ni, tampoco, frente a las cargas presidenciales, que abundó en descalificaciones del Congreso durante los poco más de veinte minutos por cadena. Milei habló de “sabotaje”, dijo que los legisladores apuestan con estas leyes a una “quiebra nacional” y definió todo como el juego último de una “clase política que perdió el poder”. Sin embargo, poco y nada provocó como respuesta. Para algunos, sintonía con el desinterés de “la gente” por el tema y para otros, algo conversado para evitar repercusión.
De hecho, sólo Cristina Fernández de Kirchner se destacó en el puñado de respuestas al mensaje presidencial. Es parte de su apuesta personal a la polarización y, por lo tanto, nada que inquiete al oficialismo. Al contrario. Los movimientos que sí preocupan al Gobierno volvieron a asomar en Diputados.
La actividad arrancó, como estaba previsto, con el movimiento para reactivar la comisión investigadora del criptogate. La oposición impuso en comisión una serie de modificaciones para destrabar el empate de votos que, desde su integración, frenó su funcionamiento. Se verá cómo avanza. Por lo pronto, la decisión sumó a 38 de 66 firmas posibles en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones.
Según los cálculos que circulan en la oposición, un respaldo similar o aún mayor podrían anotar este miércoles los proyectos sobre ATN y modificación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, motorizados por los gobernadores para mejorar los fondos que reciben todos los distritos. Una vez firmados los dictámenes, será el turno del recinto: todo indica que serían convertidos en ley.
Si los operadores del oficialismo no reponen puentes de conversaciones para desarmar semejante convergencia, los proyectos podrían ser tratados a mediados de la semana que viene o a más tardar el 27. Dependerá también de otros temas políticos: el cierre de listas, el domingo próximo. Será decisiva además la cosecha del oficialismo, que en la última tanda de votaciones -en particular, emergencia en pediatría y financiamiento universitario- no logró alinear a diputados atados a sus gobernadores, incluidos provinciales dialoguistas y de los pocos distritos donde LLA cerró acuerdos con mandatarios del PRO y de la UCR.
El tema es más complejo en el caso de los vetos. Una ley es dada por caída tanto en la oposición como en el oficialismo: la moratoria previsional. En cambio, la impresión es que la moneda está en el aire cuando se hacen cuentas para la votación de la recomposición de jubilaciones y la atención al sistema de discapacidad.
Para sostener las decisiones presidenciales, el oficialismo necesita un tercio de los diputados presentes cuando los vetos llegan al recinto. Las cuentas también son hechas y repasadas en el archipiélago opositor. Todos especulan además con ausencias o abstenciones, según el caso. Difícil que alguno mueva las piezas sin estar más o menos convencido de sus chances. Sí parece un hecho que los proyectos de los gobernadores y el tema $LIBRA compartirán el pedido de sesión.
El Gobierno no sólo necesita una masa crítica que garantice el sostenimiento de los vetos, sino además reanimar el discurso que descalifica leyes y proyectos por su impacto presupuestario, real o dibujado. Es el corazón de la disputa discursiva -o capítulo de la “batalla cultural”-, que al menos entre algunos socios o aliados ahora distantes es difícil de sostener en casos de repercusión social como jubilados, discapacitados o Garrahan.
El mensaje de Milei en cadena y la cena en Olivos, armada sin mucha planificación previa, exponen la preocupación del Gobierno en los dos terrenos: el discurso y el recinto. Será así seguramente hasta octubre.
