Cuando parecía que estaba a punto de alcanzarse una solución a través del Presupuesto 2026, la discusión entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires por la deuda de la coparticipación volvió a aflorar y ahora la Casa Rosada busca hacer frente a una parte de ese pago transfiriendo terrenos o bienes del Estado, aunque por el momento las conversaciones son informales y no hay avances concretos para llegar a un acuerdo.
Puntualmente, las autoridades porteñas reclaman cerca de 370 mil millones de pesos como consecuencia del retraso en las transferencias semanales del 1,55% de esos fondos que la Corte Suprema de Justicia ordenó que se les restituya al distrito.
El máximo tribunal falló en el 2022 a favor del pedido de CABA, que solicitó que se le devuelvan los ingresos que en su momento el presidente Alberto Fernández le quitó para entregárselos a la provincia de Buenos Aires, que estaba enfrentado una protesta de la policía por falta de aumento salarial.
A partir de esa sentencia, y con la llegada de la administración libertaria, se abrieron canales de diálogo entre las partes para encontrar una solución a la deuda que se fue acumulando.
En una reciente entrevista, el jefe de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri, reconoció que estaría dispuesto a aceptar como parte de pago la entrega de bienes de la Nación, pero siempre que eso no implique “renunciar a derechos genuinos que tienen los porteños”.
En este sentido, explicó que su intención es “llegar a un acuerdo que tenga un equilibrio entre los derechos” de su jurisdicción, “que son claros y concretos, y las limitaciones financieras que tiene” la gestión de Javier Milei.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae distintas fuentes, en los últimos meses Macri se reunió reiteradas veces con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para negociar las condiciones del saldo de la deuda.
Si bien hasta el momento no hubo una propuesta oficial, sí se puso sobre la mesa en conversaciones informales algunos bienes nacionales que le interesan a CABA, como el ex Mercado de Hacienda de Liniers, o las tierras que están cerca del puerto de Buenos Aires.
Estos inmuebles están actualmente en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que en los últimos días cambió de titular, debido a que quien era su presidente, Nicolás Pakgojz, asumió una banca en la Legislatura.
En su lugar fue designada Tania Alejandra Yedro, una funcionaria pública que trabaja en el organismo desde el 2024, como directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios.
Antes de dejar el cargo, Pakgojz también mantuvo encuentros con representantes porteños para abordar esta alternativa, pero en esas ocasiones no hubo ningún pedido en especial.
“Por el momento solo fueron charlas informales. No manifestaron mayor interés por algún inmueble en particular, más allá del Mercado de Hacienda, con el que sí estaban muy atraídos”, explicó a este medio una persona al tanto de las negociaciones.
De acuerdo con lo que precisó una fuente de Casa Rosada, la Nación va a intentar sumar algunos de estos bienes a la discusión de los fondos de coparticipación, porque “es lo mismo que se hace con todas las provincias” que tienen reclamos similares.
En tanto, en Uspallata aseguraron a este medio que todavía no hubo avances en este sentido, a pesar de las declaraciones de Macri, y esperan al año que viene para continuar con las tratativas.
Por su parte, las autoridades nacionales remarcan que para que se avance en este sentido, sus contrapartes porteñas deberían adherirse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).
Este mecanismo fue creado por decreto en octubre del 2024, con el objetivo de solucionar los conflictos que el Poder Ejecutivo central tiene con varias jurisdicciones por diferencias sobre los montos de la coparticipación o el traspaso de las cajas previsionales, por ejemplo.
Mediante esta herramienta, los distritos pueden incluir compensaciones, remisiones, conciliaciones, u otro tipo de operaciones para cancelar las deudas mutuas con la Nación, pero a cambio deberán resignar sus reclamos judiciales.
Hasta la fecha, un total de 18 provincias han adherido a este plan, de las cuales cinco ya suscribieron convenios que incluyeron deudas por más de $ 540 mil millones de pesos. Además de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santa Fe y Santiago del Estero tampoco aceptaron esta propuesta.
Si bien el oficialismo había incluido en el Presupuesto 2026 el pago de la deuda a CABA, ese concepto se agregó en el polémico Capítulo XI, que también contenía las derogaciones al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.
Finalmente, en la votación en la Cámara de Diputados todo ese apartado se eliminó y el texto que sancionó el Senado este viernes no contiene ninguna de todas estas medidas, lo que reabrió el debate con Macri.
“Mi trabajo no es fácil y la Corte va a estar siempre como alternativa, pero tengo que tratar de encontrar una solución que no sea romper lanzas. Voy a agotar toda opción razonable que nos permita que los porteños tengan los recursos que necesitan sin llegar a un conflicto profundo”, sostuvo el alcalde en Radio Rivadavia.
Aunque se están evaluando todas las alternativas, hay un sector que advierte que las iniciativas que estaban en el Capítulo XI podrían volver a impulsarse en febrero, para cuando Milei tiene previsto volver a convocar a sesiones extraordinarias. En ese futuro texto se podría insistir con el pago de la deuda.
