La Legislatura de Santa Cruz restituyó este jueves a Eduardo Sosa como procurador general de Justicia y cerró un conflicto abierto desde hace más de 30 años, luego que el kirchnerismo lo desplazó de su cargo cuando gobernaba la provincia patagónica.
En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación instruyó en varias ocasiones a la provincia para que reponga a Sosa en su cargo, quien había sido desplazado de ese puesto por una reforma judicial impulsada por el entonces gobernador Néstor Kirchner.
Sin embargo, finalmente ese bloqueo a la reincorporación de Sosa finalmente cedió este jueves. Por mayoría, aunque con un fuerte rechazo del kirchnerismo, el oficialismo que lidera el gobernador Claudio Vidal logró avanzar con su nombramiento.
En un mensaje publicado tras la votación, Vidal celebró en sus redes sociales: “Después de más de treinta años, con la restitución del Dr. Sosa, en Santa Cruz cerramos una de las heridas institucionales más profundas de nuestra historia”. En su explicación, el mandatario relató un encuentro previo con Sosa antes de asumir como mandatario.
“En aquella charla escuché una historia que atravesó décadas de reclamos, fallos judiciales incumplidos y una profunda deuda institucional de la provincia. En ese encuentro asumí un compromiso de trabajar para que Santa Cruz encontrara una solución definitiva a una situación que nunca debió prolongarse tanto tiempo”, afirmó.
«No se trataba solamente de una cuestión personal. Se trataba de reparar una injusticia, respetar las decisiones de la Justicia y demostrar que las instituciones están por encima de cualquier circunstancia política“, aseguró Vidal.
El propio mandatario de Santa Cruz enfrenta una disputa con sectores de la justicia provincial. La decisión llegó menos de un mes después de que el máximo tribunal respaldara la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, otra iniciativa promovida por Vidal.
La secuencia política de la restitución quedó atada a la pulseada institucional. En octubre pasado, Vidal envió el proyecto y fue modificado en comisiones, mientras evaluaba si tendría respaldo en el recinto, frente a la resistencia de jueces cercanos al kirchnerismo tanto a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 miembros como al regreso de Sosa.
Punto final para un largo conflicto
Sosa había ejercido al frente de la Procuraduría General entre 1990 y 1995. Ese año, una reforma judicial promovida por Néstor Kirchner y respaldada por los diputados justicialistas que respondían a Cristina Kirchner dividió el puesto entre jefe de fiscales y jefe de defensores, y lo dejó fuera del sistema.
El caso desató controversia, porque afectó el principio de inamovilidad de los jueces. Desde ese entonces, la reposición de Sosa se convirtió durante años en un caso singular de desobediencia provincial a sentencias del máximo tribunal.
El abogado llevó su reclamo hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades su restitución al cargo, pero ninguno de los gobiernos santacruceños ejecutó la medida.
La Corte incluso responsabilizó personalmente al entonces gobernador Daniel Peralta por el cumplimiento de la disposición y fijó un plazo menor a 30 días. A Peralta le iniciaron una causa y esa actuación terminó con una condena en su contra.
El dato adquirió otra dimensión en la sesión de este jueves. Peralta, hoy diputado provincial, alejado del kirchnerismo y con bloque propio, fue uno de los legisladores que no votó la reposición de Sosa.
En concreto, lo que se aprobó en la Legislatura de Santa Cruz fue modificar la Ley 1600, que regula la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial local. En la séptima sesión ordinaria del período legislativo, una mayoría conformada por 13 diputados dio luz verde para avanzar en ese cambio que habilite la restitución de Sosa.
La redacción final de la ley buscó además evitar un impacto sobre la estructura actual del Poder Judicial. Entre los cambios, la iniciativa mantuvo la denominación de procurador general de Justicia, el cargo quedó limitado al Ministerio Público Fiscal y ya no abarcará a los defensores públicos, como ocurría en 1995 antes de que la función fuera desdoblada. Ninguno de los funcionarios hoy en funciones verá afectado su cargo por el regreso de Sosa.
Tras la victoria legislativa, el gobernador Vidal remarcó la decisión política de diferenciarse de gestiones provinciales anteriores: “En nuestra provincia los fallos de la Corte Suprema se respetan y se cumplen. Porque no hay verdadera institucionalidad sin respeto por la ley”.
