La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentó un recurso ante la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para solicitar la nulidad de la intervención judicial dispuesta el 22 de mayo que afecta al gremio durante 180 días, impugnando la constitucionalidad de esa medida y pidiendo revisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
El fallo de los camaristas Víctor Pesino y María Dora González designó un interventor temporal e incluyó dos puntos centrales que el gremio busca anular. La presentación de la UOM sostiene que esa sentencia judicial no respetó su estatuto ni la jurisprudencia previa en materia de intervenciones sindicales.
El recurso fue presentado por Daniel Daporta, secretario adjunto de la UOM y delegado administrador del sindicato, como fue designado esta semana por el Consejo Directivo de la UOM, que resolvió las medidas internas orientadas a resolver la situación institucional “conforme a las facultades otorgadas por el estatuto” sindical.
En su planteo, la UOM argumenta que la intervención externa resulta improcedente porque el propio estatuto del gremio contiene los mecanismos previstos para resolver situaciones de acefalía. Se señala que, según los artículos 21 y 22, el Consejo Directivo tiene la atribución de designar delegados administradores tanto para las seccionales como para el Secretariado Nacional si es necesario. La organización enfatiza en el documento que la omisión de este punto por parte del fallo representa un “error grosero” y fundamenta la presentación extraordinaria ante la Cámara.
El martes pasado, el Consejo Directivo de la UOM integrado por representantes de seccionales de todo el país, exceptuando la de Zárate-Campana, cuyas elecciones fueron objetadas por la Justicia, emitió la Resolución Nº 5/2026 por la que designó delegados administradores para normalizar la entidad.
La UOM, en ese sentido, insiste en que el Consejo Directivo no está intervenido y que la solución basada en el estatuto ya se encuentra en proceso.
El sindicato afirma también que la sentencia judicial se aparta de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según la presentación, la Ley 27.802 de Modernización Laboral exige a los magistrados laborales ajustarse a los fallos de la Corte Suprema. Alude al “caso García” de 2023, en el cual —según la UOM— el máximo tribunal restringió las facultades de intervención sobre los gremios y ratificó el principio de autonomía sindical consagrado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Otro de los argumentos de la UOM es que en el momento del fallo aún no estaba firme la resolución del rechazo de recusación sobre dos de los jueces involucrados, lo que, según el gremio, impediría que el tribunal dictara sentencia con jurisdicción plena y comprometería las garantías del juez natural y el debido proceso.
El gremio dejó planteada, además, la reserva del caso federal y anticipó que agotará los demás recursos legales con el propósito de revertir la intervención.
Hace tres días, en desafío a la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el Consejo Directivo de la UOM rechazó la intervención judicial, impulsó el proceso interno de normalización estatutaria y declaró e estado de alerta y movilización en todo el país.
En ese sentido, se designó Delegado Administrador a Daniel Daporta, titular de la Seccional Avellaneda, y como Delegado Administrador de la seccional Zárate-Campana a Emiliano Gallo, de la UOM Vicente López.
Estas definiciones de la conducción metalúrgica se resolvieron el martes pasado al mediodía mientras ante la sede central de la UOM, en Alsina al 400, se realizó un “abrazo” en defensa de Furlán y el resto del secretariado del sindicato que fueron desplazados de sus cargos luego de la anulación de los comicios en la Seccional Zárate-Campana por la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente”.
En la calle, manifestantes de distintos gremios se concentraron en apoyo a los dirigentes afectados por el fallo judicial: estuvieron, sobre todo, miembros del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que integra la UOM, como las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, Papeleros, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, Federación de la Carne y Metrodelegados, entre otros.
Aunque no hubo una columna de la CGT con una pancarta propia, concurrió el cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros), quien se mostró al lado de Furlán cuando éste salió a la calle a hablar con los periodistas. Allí también estuvieron sindicalistas como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Sergio Palazzo (bancarios), Roberto Baradel (CTERA), Claudio Marín (FOETRA), Clara Chevallier (CONADU) y Pablo Biró (APLA), además de los propios dirigentes de la UOM, entre quienes estuvo Horacio Otero, quien fue clave en la normalización de las regionales de la CGT en todo el país.
Furlán acusó a los jueces que ordenaron la intervención del sindicato de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto entre el gremio y el Gobierno por la política de “desindustrialización”.
Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, el dirigente señaló que detrás del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al sindicalismo.
