En plena guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico, la provincia de Santa Fe avanza con su plan de endurecimiento penitenciario.
Ese proyecto tiene como puntapié la construcción de “El Infierno”, una nueva cárcel de máxima seguridad destinada a presos de alto perfil que funcionará dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero.
El complejo, que demandó una inversión superior a los $143.000 millones, se espera que esté terminado en los próximos meses y alojará a más de 1.150 internos, entre ellos narcotraficantes, sicarios y detenidos considerados de extrema peligrosidad.
La obra se enmarca dentro del Plan Director de Infraestructura Penitenciaria impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro, que contempla ampliar la capacidad del sistema carcelario santafesino, descomprimir comisarías y reforzar los controles sobre los detenidos vinculados a organizaciones criminales.
Según detalló el gobierno provincial, el nuevo penal contará con 1.152 celdas individuales distribuidas en cuatro módulos. Cada pabellón tendrá estructuras de hormigón premoldeado y estará diseñado para limitar al máximo el contacto entre los internos. El complejo incluirá además un edificio central de administración, doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, circulación vehicular interna y pasarelas superiores para vigilancia.
También dispondrá de 24 torres de vigilancia, torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados. El penal incorporará boxes individuales para visitas y comunicaciones mediante mamparas, sin contacto físico directo entre los presos y quienes ingresen al establecimiento.
“El control efectivo de la población detenida es fundamental. Cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles”, sostuvo Pullaro al referirse al proyecto.
El gobernador remarcó que la política de seguridad provincial no se limita al despliegue policial o tecnológico y vinculó la construcción de cárceles con la estrategia para reducir la violencia y desarticular bandas criminales.
En ese sentido, explicó que cada detenido alojado en “El Infierno” permanecerá en una celda individual bajo supervisión permanente del Servicio Penitenciario y solo podrá compartir espacios comunes con grupos reducidos de hasta 12 personas cuando las autoridades lo dispongan.
El mandatario provincial indicó además que cerca de 500 presos considerados de mayor peligrosidad serán trasladados al nuevo complejo. Según precisó, se trata de 70 internos clasificados en el nivel 1, 176 del nivel 2 y casi 300 del nivel 3. “Esto nos permitirá seguir separando a los detenidos más violentos y conflictivos de la provincia para romper sus vínculos con el exterior”, afirmó.
La construcción de “El Infierno” forma parte de una expansión más amplia del sistema penitenciario santafesino. En el mismo predio de Piñero también se levantan otras dos cárceles con capacidad aproximada para 1.950 detenidos cada una. Además, el plan oficial prevé la construcción de siete módulos adicionales en distintas unidades penitenciarias provinciales.
Entre las obras proyectadas figuran nuevas instalaciones en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario, donde se construyen cuatro módulos con 160 celdas para alojar hasta 320 reclusos; la ampliación de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo, con espacio para 880 detenidos; y trabajos de infraestructura en las cárceles de Las Flores, Coronda y Santa Felicia.
En Coronda, por ejemplo, se ejecuta la construcción de cuatro pabellones de aislamiento con 18 celdas cada uno, mientras que en Santa Felicia se levantarán pabellones específicos para ofensores sexuales.
Por la construcción de este penal de máxima seguridad, las requisas que se realizan semanalmente en el Penal de Piñero y otras medidas adoptadas como el aislamiento de líderes criminales, al gobernador se lo ha comparado públicamente con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, definió la obra de Piñero como “un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna” y sostuvo que no encontraron antecedentes similares en la región. “En unos años otras provincias y países podrían tomar esta infraestructura como referencia, porque el fenómeno de los presos de alto perfil es un problema extendido en América Latina”, señaló.
El funcionario agregó que Santa Fe impulsa “un nuevo paradigma penitenciario” preparado no solo para impedir fugas, sino también para resistir ataques externos y enfrentar amenazas complejas vinculadas al crimen organizado.
Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que el complejo fue diseñado específicamente para responder a los niveles de violencia registrados en la provincia. Según sostuvo, el objetivo central es evitar que los líderes criminales continúen organizando delitos desde el interior de las cárceles.
“El establecimiento fue concebido a medida de los problemas de violencia que atravesó la provincia”, indicó la funcionaria al describir el sistema de aislamiento y control previsto para los internos de alto perfil.
El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, señaló que varias empresas trabajan de manera simultánea en la construcción del penal para acelerar los plazos de ejecución. Según explicó, la coordinación técnica representa uno de los principales desafíos de la obra debido a la necesidad de unificar materiales y sistemas en todos los pabellones.
El Gobierno santafesino sostuvo que el plan penitenciario permitirá incorporar unas 2.460 celdas nuevas en toda la provincia, con capacidad para alojar a 3.632 reclusos en una superficie cubierta de más de 92.000 metros cuadrados.
Cambios en el Código Procesal Penal y facultades policiales
Recientemente, el gobierno envió a la legislatura local once reformas al Código Procesal Penal y leyes relacionadas con el sistema de seguridad. Entre los puntos más relevantes se encuentra la habilitación del juicio penal en ausencia, la aceleración de los procesos judiciales y el endurecimiento de los regímenes penitenciarios para internos de alto perfil. Se prevé, además, un aislamiento especial para estos internos, con el objetivo de limitar su capacidad de operar desde prisión.
El plan otorga nuevas atribuciones de investigación tanto a la Policía como al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esto se traduce en la posibilidad de realizar interrogatorios policiales en los primeros tramos de la investigación, eliminando la obligatoriedad de la presencia del defensor en la declaración inicial del imputado. También se contempla que los fiscales puedan ordenar la inactivación inmediata de propiedades usadas para el microtráfico u otros delitos, en casos de “extrema obviedad”, sin requerir la intervención judicial previa.
Quienes se preguntan por qué Santa Fe promueve estas reformas deben saber que el objetivo es dotar a las autoridades de herramientas ágiles y efectivas para frenar la violencia y desarticular bandas criminales. El enfoque del gobierno provincial destaca la necesidad de mayor poder policial, procedimientos judiciales más veloces y un control penitenciario más estricto.
