La Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz a remitir en un plazo de 48 horas el expediente completo relativo a la ampliación del tribunal provincial. Anteriormente, el cuerpo era integrado por cinco jueces, pero el número ascendió a nueve, después de que la medida fuera aprobada por la Cámara de Diputados santacruceña.
La medida se adoptó tras haberse rechazado la recusación promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz. De esta manera, el máximo tribunal nacional volvió a reiterar el pedido por segunda vez, luego de que las autoridades provinciales se negaran a hacer entrega de la documentación.
El pedido de la Corte Suprema se remonta al 23 de abril, cuando le informaron al TSJ que debía enviar todas las actuaciones vinculadas a la causa que cuestiona la constitucionalidad de la ampliación de las vacantes judiciales en la provincia.
Ante la falta de respuesta, el alto tribunal endureció su postura y ordenó que la documentación sea remitida “de inmediato” en formato digital. Según la información publicada en el sitio del Gobierno de Santa Cruz, la intimación fue formalizada este miércoles en Buenos Aires, en donde se mencionó la causa 917/2025 y los incidentes asociados.
Días atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había rechazado la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz contra varios de sus integrantes, en el expediente donde se discute la validez de la ampliación del tribunal superior provincial.
Según el tribunal, el planteo del gremio fue extemporáneo y no se fundó en causales legales que justifiquen el apartamiento de los magistrados. De la misma manera, recordaron que la recusación es una herramienta de uso excepcional y aplicación restrictiva, especialmente cuando se pretende apartar a miembros de la propia Corte Suprema.
Esto se trató de una respuesta directa a las acusaciones realizadas por el gremio, que había fundamentado su negativa a hacer entrega del expediente en la existencia de supuestos vínculos políticos e institucionales de abogados patrocinantes con algunos de los actores involucrados en la causa.
El conflicto judicial se originó tras la sanción de la ley provincial N° 253/25, que dispuso ampliar la composición del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. La misma fue aprobada el 28 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados provincial, lo que dispuso la ampliación de 5 a un total de 9 jueces.
Se trató de un proyecto que fue presentado por la diputada Adriana Nieto, integrante del bloque Por Santa Cruz, bajo el argumento de que la medida tenía como fin responder al aumento de la población, garantizar la imparcialidad, la celeridad, la eficacia y el equilibrio dentro del Poder Judicial provincial.
Según el texto, no fueron modificados los requisitos para ser nombrado miembro del TSJ, por lo que estos aún deberán cumplir con lo expuesto en el artículo 127 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz. Entre ellos, es necesario ser argentino nativo o por opción, ser mayor de 30 años y ser abogado con seis años de ejercicio de la profesión, ya sea de forma particular o en organismos judiciales.
“Esto responde a una política de Estado que el gobernador viene sosteniendo firmemente. Esta ley implica un fortalecimiento de las instituciones. Vamos hacia una justicia más democrática, accesible y transparente”, sostuvo la legisladora al momento de defender la iniciativa.
A pesar de esto, diversos sectores políticos, judiciales y gremiales cuestionaron el proceso, tras denunciar supuestas irregularidades en la designación y toma de juramento de los nuevos vocales.
Frente a esto, la Asociación Gremial de Judiciales impulsó una acción de inconstitucionalidad contra el Poder Legislativo provincial. Paralelamente, se abrieron medidas cautelares y expedientes conexos, todos ellos bajo análisis de la Corte Suprema en la actualidad.
En respuesta a la consulta sobre el caso, la Corte Suprema exige ahora el envío inmediato de la totalidad de los documentos, incluidos los incidentes cautelares, resoluciones internas sobre organización y juramentos, así como información sobre otros procesos relacionados.
Con la intimación de 48 horas en curso, el expediente por la ampliación del tribunal santacruceño entra en una etapa decisiva, a la espera de la remisión de todos los antecedentes requeridos por la Corte Suprema.
