La disputa por el control del Poder Judicial en Santa Cruz ha escalado al máximo nivel institucional, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidiera intervenir en el conflicto generado por la reforma que amplió la composición del Superior Tribunal de Justicia (TSJ) provincial. El máximo tribunal del país solicitó, con carácter urgente, el expediente completo que contiene todos los incidentes vinculados al proceso, anticipando que analizará el fondo de la controversia que enfrenta al actual gobernador Claudio Vidal con los antiguos jueces y sectores ligados al kirchnerismo local.
La decisión de la Corte Suprema llega tras meses de tensión creciente. El gobernador Vidal, quien asumió en 2023, impulsó una ley para aumentar de cinco a nueve el número de integrantes del TSJ, propuesta que fue aprobada por la Legislatura de Santa Cruz. Esta medida, avalada por la mayoría oficialista, permitió el ingreso de nuevos vocales y dejó en minoría a los magistrados designados durante los 32 años previos de hegemonía kirchnerista en la provincia. La respuesta fue inmediata: el sector judicial vinculado al kirchnerismo, junto con la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz, presentó recursos y denuncias de irregularidades, defendiendo la composición previa y calificando la reforma de inconstitucional.
El conflicto institucional alcanzó un punto crítico cuando el TSJ, con su composición anterior, declaró la inconstitucionalidad de la ley de ampliación. En paralelo, los nuevos jueces, junto a funcionarios alineados con Vidal, buscaron revertir esta decisión mediante un recurso de queja presentado ante la Corte Suprema. La Asociación Gremial de Empleados Judiciales intentó apartar a los magistrados nacionales mediante una recusación pero la Corte rechazó el planteo por considerarlo extemporáneo e infundado.
La Corte Suprema aclaró que los argumentos expuestos no constituyen causales legales válidas para apartar jueces, según lo previsto por el Código Procesal. En este contexto, solicitó de forma urgente todo el expediente —incluyendo la sentencia definitiva dictada en diciembre de 2025, los expedientes cautelares, resoluciones internas sobre designaciones y juramentos de los nuevos vocales, e información sobre otros procesos vinculados.
Esto, para el gobierno local, marca un giro determinante en la causa ya que la Corte avanzará sobre el análisis de la legalidad de la ampliación del TSJ, que constituye el núcleo de la disputa entre las nuevas autoridades provinciales y quienes defienden la estructura previa.
La pelea entre Vidal y el kirchnerismo por el control de la justicia santacruceña tiene antecedentes directos en el enfrentamiento político que ha marcado la provincia en las últimas décadas. El gobernador Vidal sostiene que la justicia local estuvo cooptada por tres décadas de gobiernos kirchneristas, y calificó a la provincia como “la última madriguera” de este sector político.
Como respuesta, la ampliación del TSJ fue presentada como el inicio de una reforma para “despolitizar” el Poder Judicial y garantizar su funcionamiento independiente.
Por su parte, los sectores vinculados al kirchnerismo denunciaron que la reforma impulsada por Vidal y aprobada en la Legislatura provincial se realizó mediante procedimientos irregulares: acusan falta de mayorías especiales, ausencia de audiencias públicas para evaluar a los nuevos candidatos y un trámite acelerado que, según sus argumentos, vulneró las normas parlamentarias y judiciales.
El conflicto institucional provocó una fractura dentro del propio TSJ. La llegada de los nuevos vocales, sumados al apoyo de Daniel Mariani, juez de la composición anterior, alteró la mayoría y motivó la designación de Mariani como presidente del cuerpo. Sin embargo, la entonces presidenta Reneé Fernández y otros jueces históricos desconocieron esa jura y la legitimidad de la nueva integración, lo que derivó en una disputa interna sin precedentes. En el sitio oficial del Poder Judicial santacruceño, la presidencia continuó siendo atribuida a Fernández, reflejando la profundidad de la crisis.
La Corte Suprema no estableció plazos para su definición, pero el pedido urgente de las actuaciones ante el TSJ fue interpretada como unaa voluntad de avanzar con celeridad.
