El oficialismo perdió las riendas de los tiempos políticos. Luego de un período de sesiones extraordinarias en donde manejó el ritmo, La Libertad Avanza metió un freno de mano en el Congreso de la Nación que impacta en decisiones de relativa urgencia. En las últimas semanas el Ejecutivo envió varios proyectos de ley que en algunos casos tenían la exigencia de una fecha para su aprobación. Dos en particular, que tienen como límite el mismo día.
Uno está en la Cámara de Diputados y se refiere a la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes con los Estados Unidos. El otro está en el Senado y es el acuerdo de conciliación entre la Argentina y los fondos, Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. En ambos casos, la fecha límite es el próximo jueves 30 de abril.
El primero de los proyectos de ley está muy cruzado por el lobby de los laboratorios farmacéuticos argentinos que pujan para que no se firme, mientras que el segundo ingresó recién el pasado lunes y ni siquiera se podrá cumplir por los propios plazos parlamentarios.
Respecto del acuerdo con los Estados Unidos, desde las principales autoridades libertarias dieron por cerrada la posibilidad de lograr una aprobación antes del 30 de abril ya que no hay una sesión prevista en el corto plazo.
Desde la Casa Rosada señalaron que esto no generaría un conflicto con la administración de Donald Trump ya que se conseguiría una prórroga sin demasiado esfuerzo.
El proyecto iba a ser debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General. Sin embargo, la misma se suspendió sin demasiadas explicaciones y el tema quedó a la espera de que los libertarios lo vuelvan a habilitar.
Pero mientras se diluía la posibilidad de avanzar con el tema y se comenzaba a trabajar en un pedido de prórroga con la administración de los Estados Unidos, ingresaba en el Senado de la Nación el proyecto de ley para pagar una deuda a fondos buitre.
La iniciativa propone la aprobación de acuerdos de conciliación con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, en el marco de litigios internacionales por deuda impaga.
Los convenios estipulan que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. De acuerdo con el texto, el Estado argentino cancelaría los pasivos litigiosos con un pago de 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares al grupo Attestor.
El mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP), lo que significa que los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales derivados del litigio. Los acuerdos incluyen una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
La fecha límite para la aprobación del acuerdo por parte del Congreso fue fijada para el 30 de abril de 2026. Si no se obtiene luz verde antes de esa fecha, el proyecto oficial señala que las transacciones “quedarán sin efecto y la Argentina deberá retomar los litigios, lo que implicaría mayores cargas financieras para el Estado».
Desde la oposición se mostraron sorprendidos por el proyecto. “Es una irresponsabilidad lo que hicieron, lo ingresan el 20 de abril y en el Senado necesitas como mínimo 7 días para que pase por una comisión y vaya al recinto. Y esto es si tenes los votos. Pero con el apoyo cumplirías los plazos el 29 o 30 de abril y te faltaba Diputados. Esto es humo”, reprocharon.
