CÓRDOBA.- Por ahora no hay respuesta a la reunión pedida por los gobernadores “dialoguistas” a la Casa Rosada con Luis y Santiago Caputo y con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La intención de la Casa Rosada es tratar de cerrar acuerdos individuales, por lo que avanzaría en convocatorias segmentadas. El eje de esa estrategia es no beneficiar al bonaerense Axel Kicillof.
Además, el gobierno de Javier Milei le dijo a los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que a ellos les dieron el aval para financiar US$100 millones del fondo Kuwaití para una obra interprovincial de acueductos.
Sin ninguna certeza de que haya convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso y de que se incluya el proyecto de Presupuesto 2025, los gobernadores no tuvieron ninguna noticia del encuentro que pidieron y siguen coordinando estrategia con los legisladores de cara a la próxima sesión, en la que el tema clave es la posición que tomarán respecto del DNU para el canje de deuda.
Aunque de ambos lados repiten que quieren que haya presupuesto 2025, desde la Rosada no hay cambios en la decisión de rechazar los pedidos transversales de los mandatarios que están liderados por el pago de las deudas de Anses con las 13 cajas de jubilaciones no transferidas y de las compensaciones por el Consenso Fiscal 2017. Los dos tienen fundamento legal y, en ambos casos, alcanzan a aliados y a los del kirchnerismo.
Más allá de la defensa del superávit fiscal y de la frase respecto de que “si quieren fondos deben decir de dónde salen” (que no aplica en esos dos puntos porque derivan de leyes y acuerdos), los libertarios sostienen que el mayor beneficiario de una respuesta positiva sería Kicillof. Es decir, en un año de legislativas, la provincia más importante en términos electorales tendría un alivio financiero.
Desde el sector de los radicales y de Pro, la idea consensuada es que las negociaciones individuales no les sirven. Buscan un acuerdo que abarque a todo el grupo; esa es la estrategia que vienen llevando adelante desde el inicio de la gestión de Milei. Sin consenso y sin que se atiendan sus pedidos, estiman que habrá más presentaciones ante la Justicia para cobrar por esa vía lo que ya les corresponde.
Los tiempos judiciales
Claro que los tiempos de la Justicia no son los de la política. En el caso de los sistemas previsionales provinciales, son los Tesoros los que deben poner el dinero que no les gira Anses. Aun con reformas previsionales como las que ya instrumentaron varios distritos, son varios miles de millones mensuales para garantizar el pago de las jubilaciones.
La semana pasada -ya en el medio de las negociaciones contrarreloj por el presupuesto 2025- los gobernadores Llaryora y Pullaro compartieron una foto con el ministro Luis Caputo y el sultán Al-Marshad, CEO de Saudi Fund for Development. El gobierno nacional firmó la garantía para tomar US$100 millones para dos nuevos bloques del acueducto Paraná-Córdoba. Las provincias habían tomado antes US$50 millones.
“Es un gesto, pero no es plata. Los recursos los ponemos las provincias, la Nación no pone un centavo”, explicaron desde ambas administraciones. Rechazar la firma del aval hubiera implicado abrir otro foco de conflicto. En la Casa Rosada la interpretación es que los gobernadores podrán acudir a ese esquema para llevar adelante proyectos.
“Solo reclamamos que se cumpla con las leyes vigentes”, vienen repitiendo los gobernadores. En la sede del poder libertario señalan que hacerlo implicaría unos US$3700 millones y además están molestos porque el plan de consolidación de deudas con las provincias no tuvo la aceptación esperada.
