Félix Lope de Vega, el poeta y dramaturgo español, escribió en un pasaje de “El perro del hortelano”, en 1618: “Pasó como un suspiro, que apenas nació, murió.” Eso mismo ocurrió con los dos abogados kirchneristas que asumieron —y rápidamente dejaron— la defensa de Diego García, hermano de Ariel García Furfaro. Ambos están procesados con prisión preventiva en la causa que investiga el fentanilo contaminado asociado a más de 170 pacientes fallecidos. Los penalistas Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta pasaron por el expediente, literalmente, como un suspiro: renunciaron pocas semanas después de reemplazar a Gastón Marano, el abogado que patrocina al propietario de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA.
El arribo de los dos letrados generó suspicacias en los tribunales federales de La Plata. Marcos Aldazábal es uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el atentado en su contra. Elizabeth Gómez Alcorta, por su parte, fue ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando CFK era vicepresidenta. Ambos integran un estudio jurídico junto a Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia bonaerense de Axel Kicillof, cuya matrícula está suspendida por su función pública.
Aldazábal y Gómez Alcorta también llevan casos de fuerte contenido político: representan, entre otros, a Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, condenada a 15 años de prisión por asociación ilícita, fraude, extorsión y amenazas.
Actualmente representa, por ejemplo, a la familia de Morena Verdi, víctima del triple femicidio con tinte narco-mafioso en Florencio Varela.
La decisión de García de contratar a los abogados vinculados al kirchnerismo habría surgido por recomendación de Gastón Marano, quien los conoció en la causa por el intento de magnicidio contra CFK y elogió su desempeño. En ese expediente, Marano defendió con éxito a Gabriel Nicolás Carrizo, presunto jefe de “la banda de los copitos”, liberado tras pasar dos años y 11 meses preso.
Renuncias y algo más
Las renuncias de los abogados K de Diego García, uno de los 14 procesados y detenidos en la causa que instruye el juez Ernesto Kreplak, generaron tantos interrogantes como su llegada al caso.
En ámbitos políticos circuló la versión de que habría sido Cristina Fernández de Kirchner quien les hizo saber, a través de terceros, su molestia por haber asumido la defensa de un integrante del “Clan Furfaro” sin su consentimiento. Allegados a la exfuncionaria Gómez Alcorta lo niegan tajantemente.
Desde el entorno de Aldazábal insisten en que todo fue más simple: Diego García les habría manifestado su intención de ser defendido por un abogado de su máxima confianza, y ese profesional sería Diego Storto. “Cada imputado tiene el derecho fundamental de elegir quién lo defiende”, explican. Y agregan: “No tiene más misterio que eso”.
Storto es un especialista en causas de alta exposición pública. En la actualidad representa, por ejemplo, a la familia de Morena Verdi, una de las víctimas del triple femicidio con tinte naco-mafioso de Florencio Varela.
El penalista también representó a Mario Vitette Sellanes, el ladrón uruguayo cerebro del conocido atraco al Banco Río de Acasusso en 2006, conocido como el “robo del siglo”; y al cantante L-Galante, entre otros clientes.
Diego García habría designado a los abogados vinculados al kirchnerismo, por recomendación de Gastón Marano, quien los conoció en la causa por el intento de magnicidio de la expresidenta y pondero su trabajo.
En ese expediente Marano defendió con éxito a Gabriel Nicolás Carrizo el presunto jefe de “la banda de los copitos”, quien fue liberado de culpa y cargo después de haber estado dos años y 11 meses preso.
De concretarse, será la tercera defensa que tome el caso de Diego García, directivo de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Varios testigos e imputados lo señalan como quien tomaba decisiones operativas en la planta procesadora donde se elaboró el fentanilo contaminado con, al menos, dos tipos de bacterias.
Al expediente se incorporaron imágenes registradas por las cámaras de seguridad del departamento de Javier Martín Tchukrán, director general de las plantas farmacéuticas y también procesado y detenido. En esas grabaciones se lo ve dialogar con Ariel y Diego García Furfaro.
Allí se escucha cómo los tres planifican la destrucción de pruebas y la falsificación de documentos tras enterarse de la apertura de la causa por las muertes de pacientes del Hospital Italiano de La Plata que habían sido tratados con fentanilo de HLB Pharma.
“Además de los mails hice borrar todo lo que estaba… por suerte gracias a Dios (…) todo lo que tenemos en los servidores de información… y lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información…”, se le oye decir al nervioso Tchukrán.
En otro tramo, Ariel García Furfaro ordena preparar la documentación “incompleta” de la elaboración del fentanilo “por si la pedía la Justicia o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)”.
La grabación está fechada el 18 de mayo. Los tres participantes del encuentro fueron procesados con prisión preventiva por “adulteración de sustancias medicinales, resultado de muerte” y “adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud”.
Marano también representaba a Tchukrán, pero renunció a esa defensa y fue reemplazado por Roberto Rallin, un penalista cuya firma tiene vínculos con La Libertad Avanza. Rallin es socio de Francisco Oneto, candidato a vicegobernador bonaerense en 2023 junto a Carolina Píparo, y hoy asesor legal de Javier Milei, tras la escandalosa salida de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en medio de denuncias por presunta corrupción en el entorno presidencial.
Rallin y Oneto también representaron al empresario Federico “Fred” Machado, acusado en EE.UU. de lavar 550 millones de dólares del narcotráfico y detenido en Neuquén desde 2021. Ambos lideraron la estrategia —que finalmente fracasó— para evitar su extradición, concretada el 5 de noviembre.
La causa que instruye Kreplak es voluminosa y compleja: el expediente principal reúne 6.234 fojas (31 cuerpos), más 1.403 fojas (8 cuerpos) de los esfuerzos judiciales por recuperar 230.000 ampollas contaminadas, hoy bajo resguardo del juzgado. Esa tarea debía ser realizada por el laboratorio productor, pero no lo hizo. Tampoco la coordinó la ANMAT.
Además, se suman 25 cuerpos (unas 5.000 fojas) con los casos de pacientes fallecidos fuera del SISA, 4 legajos (3.889 fojas, 18 cuerpos) con investigaciones clave, 174 legajos con historias clínicas y documentación complementaria, 15 causas conexas, y el secuestro de unos 40 dispositivos entre teléfonos, computadoras y soportes digitales.
Más allá de los cambios de abogados y los interrogantes que generan, en la causa se incorporaron pruebas determinantes. Un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que 38 de las 40 historias clínicas analizadas —sobre un total de 173— corresponden a muertes por infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico adulterado.
