El Gobierno nacional denunció penalmente a distintos dirigentes sindicales y referentes del movimiento de derechos humanos tras un acto realizado este martes 7 de octubre en la sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada en Leandro N. Alem 650, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La acusación señala que durante la intervención, se modificó sin autorización la inscripción de una baldosa dedicada al recuerdo de trabajadores estatales desaparecidos durante la última dictadura militar. La denuncia lleva la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, quien instruyó la presentación judicial ante hechos tipificados como daño, daño agravado y desobediencia a la autoridad.
Según la información compartida por la propia Petovello en su cuenta de la red social X, el acto incluyó la rotura de baldosas del edificio y la colocación unilateral de una nueva placa, con la inscripción “Barrios x Memoria y Justicia”. La presencia de figuras con trayectoria dentro del ámbito gremial y público, como Carlos Tomada y Kelly Olmos, ex titulares de la cartera de Trabajo nacional, contribuyó a que el episodio adquiera resonancia política y genere repercusiones entre diferentes sectores del arco sindical.
La denuncia impulsada por el Ministerio de Capital Humano, apunta contra quienes intervinieron el espacio físico donde habitualmente se preserva la memoria de los trabajadores estatales desaparecidos, una iniciativa impulsada por familiares y agrupaciones de derechos humanos en distintas instituciones del país. Según fuentes oficiales, el hecho quedó encuadrado en las figuras penales de daño según el artículo 183, daño agravado por el inciso 5 del artículo 184 y desobediencia al artículo 239 del Código Penal.
El comunicado oficial difundido por la cartera ministerial detalló la apertura del sumario policial n.º 430/2025 y precisó que la causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, bajo la órbita de la magistrada Laura Frecedo. De acuerdo con ese informe, el imputado principal es Daniel Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sede Capital. Como partes damnificadas constan el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Entre quienes participaron del acto de intervención figuran representantes de la Intersindical de Derechos Humanos, ATE —incluida su secretaria adjunta Agustina Panisa—, y miembros de Satsaid, Sutepa, CGT y CTA. La denuncia oficial señala de modo particular la presencia de los ex ministros Tomada y Olmos como parte de quienes intervinieron en la colocación de la nueva baldosa conmemorativa.
La reacción gubernamental enfatizó el compromiso con el orden público y el respeto por los procedimientos legales para modificar cualquier elemento del patrimonio edilicio institucional. Desde el Ministerio de Capital Humano se indicó que la intervención fue ejecutada “sin autorización previa” de las autoridades competentes de la Secretaría de Trabajo, lo que motivó la presentación judicial y la consiguiente actuación de las fuerzas de seguridad en el lugar de los hechos.
Las agrupaciones sindicales y de derechos humanos sostienen desde hace años acciones conmemorativas en distintos edificios estatales para visibilizar el destino de trabajadores desaparecidos durante el último régimen militar. Sin embargo, la intervención llevada a cabo en la sede de la Secretaría de Trabajo derivó en enfrentamientos y fricciones entre asistentes y efectivos policiales que acudieron al lugar tras la denuncia presentada por los responsables ministeriales, de acuerdo a lo consignado en el parte oficial.
La presencia de Tomada y Olmos, ambos exfuncionarios de alto rango durante distintas gestiones, fue interpretada en ámbitos gubernamentales como un acto de respaldo político a la iniciativa sindical y de derechos humanos, aunque la imputación formal recayó principalmente sobre Catalano. La queja del Ejecutivo incluye la acusación de desobediencia a la autoridad al considerar que hubo advertencias previas sobre las normas que regulan las intervenciones en los espacios públicos bajo custodia gubernamental.
La titularidad de la investigación recae actualmente sobre la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la jueza Frecedo, quien evalúa los distintos elementos de la causa y la eventual responsabilidad de los dirigentes involucrados.
