El ex vicepresidente y diputado nacional Julio Cobos cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei de vedar el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, y lo comparó con las políticas que llevan adelante países como Cuba, China o Venezuela. Además, el exvicepresidente apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por sus movimientos financieros, y dijo que, en su lugar, se hubiera retirado del cargo “para no hacerle daño al propio gobierno y a la imagen del presidente”.
Esta semana, Presidencia ordenó retirar del sistema interno las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados al edificio gubernamental. La medida se adoptó tras la emisión por parte de TN de grabaciones realizadas en los pasillos internos de la sede del Poder Ejecutivo por un cronista que utilizó anteojos con cámara incorporada. La Casa Militar presentó una denuncia de oficio ante la Justicia, que recayó en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. El Círculo de Periodistas de Casa Rosada calificó la restricción de “avanzada explícita contra la libertad de prensa” y exigió su cese inmediato.
En declaraciones al programa Futuro Imperfecto, conducido por Lorena Maciel, Cobos trazó una comparación que apuntó al corazón del discurso libertario: “Fíjese la paradoja: un gobierno que denosta al comunismo y al socialismo, y justamente son países como China, Cuba o Venezuela los que no permiten prensa”. El legislador radical subrayó que ningún presidente anterior había adoptado una medida de ese tipo en democracia y recordó la cena anual de periodistas acreditados en la Casa Blanca como ejemplo del vínculo que debería existir entre el poder y la prensa. “¿Cómo la Casa Rosada no va a dar el ejemplo de la libertad de expresión?”, preguntó.
La restricción no fue un episodio aislado. Semanas antes, la Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo de Javier Lanari, había suspendido por dos semanas el ingreso de medios vinculados a una investigación sobre una presunta red de espionaje rusa. En esa oportunidad, el Gobierno restituyó las acreditaciones al no encontrar riesgo para la seguridad presidencial. El presidente Milei reaccionó al nuevo episodio con un mensaje en la red social X en el que llamó “basuras repugnantes” a los periodistas involucrados.
Sobre el caso Adorni, Cobos fue directo: “Yo me hubiera retirado, sin duda. Es una sangría permanente”. El jefe de Gabinete enfrenta una investigación del fiscal Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito, que examina si su nivel de vida es compatible con sus ingresos declarados. La causa acumula evidencia sobre tres propiedades —dos en la Ciudad de Buenos Aires y una en Exaltación de la Cruz—, viajes a Aruba, Punta del Este y Estados Unidos, y una serie de préstamos cuya procedencia la Justicia intenta esclarecer.
El expediente reconstruyó que Adorni viajó con su familia a Aruba en clase Premium Economy de la aerolínea Latam entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú, y que los pasajes —a razón de 1.450 dólares cada uno— fueron pagados en efectivo, con una agencia de viajes como intermediaria. La fiscalía también investiga un vuelo en avión privado a Punta del Este junto al periodista Marcelo Grandío, contratista de la Televisión Pública a través de su productora ImHouse, con quien el funcionario compartió el último fin de semana largo de Carnaval.
La compra del departamento en el barrio porteño de Caballito concentra el núcleo de la investigación: Adorni adquirió el inmueble con 30.000 dólares en efectivo y una financiación de 200.000 dólares a pagar en un año y sin intereses, otorgada por dos jubiladas que eran sus propietarias. Detrás de la operación habría estado Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las acreedoras y amigo del funcionario, quien declaró ante Pollicita que Adorni le debe además 65.000 dólares no documentados por refacciones costeadas de su bolsillo. El jefe de Gabinete deberá abonar en noviembre un total de 200.000 dólares por esa financiación, más otros 70.000 dólares con intereses otorgados por dos agentes policiales.
Para hacer frente a esas deudas, Adorni puso en venta su departamento en La Plata —un tres ambientes en la calle 48, ofrecido a 95.000 dólares— sin haber vendido aún su propiedad en el barrio porteño de Parque Chacabuco. El juez Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, así como el de seis mujeres identificadas como prestamistas o acreedoras. La escribana Adriana Nechevenko, que intervino en las transacciones, no aportó su teléfono celular en su declaración ante la Justicia.
Cobos advirtió que el silencio de Adorni ante las denuncias ya tuvo un costo político sin retorno: “La sociedad condena antes que la justicia, y la política también”. El jefe de Gabinete no habla públicamente desde el 25 de marzo, cuando ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó: “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder”. Pese a ese respaldo, la exposición profundizó el desgaste: la prensa y la Justicia dieron cuenta de nuevas revelaciones en los días posteriores.
Milei mantuvo su apoyo al funcionario, con confirmación de presencia en el recinto de Diputados el 29 de abril, cuando Adorni deba presentar su informe de gestión y responder cerca de 2.000 preguntas de legisladores, de las cuales al menos 66 abordan específicamente su patrimonio, viajes y la causa judicial en curso. En su conferencia de marzo, el funcionario había respondido a un periodista que lo cuestionó: “Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”.
